Los gobiernos podrían frenar e incluso revertir la creciente epidemia de sobrepeso y obesidad, que puede tener consecuencias graves para la salud a largo plazo, como diabetes, enfermedades cardiacas, derrame cerebral y cáncer, según concluye un estudio que publica este lunes el 'Boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS)'. Para ello, los investigadores piden a los dirigentes políticos que adopten medidas para combatir el consumo de comida rápida.

El trabajo, realizado por un equipo de investigadores con sede en Estados Unidos e Irlanda, es el primero en examinar los efectos de la desregulación de la economía, incluidos los sectores de la agricultura y alimentación, y el consiguiente aumento de las transacciones de comida rápida, en la obesidad a lo largo del tiempo.

Los autores adoptaron un enfoque nuevo que consistió en tomar datos sobre el número de transacciones de comida rápida por habitante entre 1999 y 2008 en 25 de países de ingresos altos y los compararon con las cifras sobre el índice de masa corporal (IMC) en los mismos países durante el mismo periodo de tiempo, como indicación del consumo de comida rápida. Se considera que una persona con un IMC de 25 o más tiene sobrepeso, siendo obesa la que posee un IMC de 30 o más.

Los investigadores hallaron que mientras que el número medio de transacciones anuales de comida rápida por habitante aumentó de 26,61 a 32,76, el IMC promedio creció de 25,8 a 26,4. Por tanto, cada aumento de una unidad en el número medio de transacciones anuales de comida rápida por habitante se asoció con un aumento del 0,0329 en el IMC durante el periodo de estudio.
"A menos que los gobiernos tomen medidas para regular sus economías, la mano invisible del mercado continuará promoviendo la obesidad en todo el mundo, con consecuencias desastrosas para el futuro de la salud pública y la productividad económica", afirma el autor principal, Roberto De Vogli, del

Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos.
El análisis se centra en países de altos ingresos, pero los resultados también son de utilidad para los países en desarrollo, ya que "casi todos los países han experimentado un proceso de desregulación de los mercados y globalización, sobre todo en las últimas tres décadas", dijo De Vogli. Las cifras del IMC también muestran hasta qué punto los problemas de sobrepeso y obesidad se han generalizado y que, por término medio, personas que viven en los 25 países analizados tienen sobrepeso o lo han tenido en los últimos 15 años.

El número medio de transacciones anuales de comida rápida por habitante aumentó en los 25 países. Los mayores incremetos sucedieron en Canadá (16,6 transacciones por habitante), Australia (14,7), Irlanda (12,3) y Nueva Zelanda (10,1), mientras que la subida de estas transacciones de 'fast-food' fue menor en los países con una regulación de mercado más estricta, como Italia (1,5), Holanda (1,8), Grecia (1,9) y Bélgica (2,1).

Los autores descubrieron que la ingesta de grasas animales y el total de calorías sólo cambió de forma escasa en un periodo de fuerte aumento de la obesidad. Con datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, los científicos detectaron que la ingesta de grasas animales disminuyó levemente de 212 kcal por persona y día en 1999 a 206 en 2008 y que el consumo de calorías subió ligeramente en seis de esos años con 3.432 calorías por habitante y día en 2002, en comparación con 3.437 en 2008, a pesar de que la mayoría de los hombres y las mujeres no necesitan más unas 2.500 y 2.000 calorías al día, respectivamente.

"Este estudio muestra la importancia de las políticas públicas de hacer frente a la epidemia de la obesidad", dijo el doctor Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo en la OMS. A su juicio, se necesitan políticas dirigidas
a la alimentación y la nutrición desde varios sectores como la agricultura, la industria, la salud, el bienestar social y la educación.

"Los países donde la dieta está cambiando de una rica en cereales a una alta en grasa, azúcar y alimentos procesados deben tomar medidas a fin de que el suministro de alimentos esté en consonancia con las necesidades de salud de la población", afirma. El nuevo estudio se hace eco de un cuerpo creciente de literatura que proporciona pruebas de las medidas que los gobiernos podrían adoptar para revertir la epidemia de obesidad, impidiendo la difusión de los productos alimentarios ultraprocesados.

Entre estas medidas, se incluyen incentivos económicos para los productores que venden alimentos saludables y alimentos frescos en lugar de ultraprocesados, así como subsidios para cultivar frutas y hortalizas, y, por el contrario, "desincentivos" económicos para las industrias que venden comida rápida, alimentos ultraprocesados y refrescos, como un impuesto y/o la reducción o eliminación de los subsidios a los productores/empresas que emplean maíz para el crecimiento rápido de tejidos, cantidades excesivas de fertilizantes, pesticidas, productos químicos y antibióticos.

Asimismo, políticas de zonificación para controlar el número y tipo de establecimientos de comida, una regulación más estricta de la publicidad de comida rápida y refrescos, especialmente la dirigida a los niños; normas comerciales que disuadan de la importación y el consumo de comida rápida, alimentos ultraprocesados y refrescos; y sistemas de etiquetado más eficaces, sobre todo para los alimentos ultraprocesados, la comida rápida y los refrescos son otras políticas que funcionarían.

Los 194 estados miembros de la OMS acordaron el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013. Uno de los nueve objetivos voluntarios del plan es "frenar el aumento de la diabetes y la obesidad", además de que se proponen medidas que los países pueden adoptar para combatir la obesidad, como aumentar el consumo de frutas y verdura, o gestionar subsidios e impuestos alimentarios para promover una dieta saludable.

Fuente: La Razón